CARTAGENA. El Ayuntamiento de Cartagena reclama 600.000 euros en tasas no abonadas a Lhicarsa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la ciudad portuaria, además de plantearse la posibilidad de intervernir la misma o rescindir el contrato que la liga a Cartagena. El motivo no es otro que las presuntas irregularidades detectadas por inspectores municipales en el uso de vehículos de Lhicarsa para prestar servicio a otras empresas. Recordemos que la empresa mixta Lhicarsa está participada por FCC como socio mayoritario.
Según la alcaldesa de la ciudad, Ana Belén Castejón, ras detectarse, el pasado mes de enero, que FCC podría estar haciendo servicios a terceros clientes utilizando camiones destinados al contrato del Ayuntamiento, el Gobierno local dio instrucciones para investigar estas sospechas, lo que permitió detectar diversas irregularidades.
Castejón explicó que las primeras supuestas irregularidades detectadas fueron que FCC ha podido estar utilizando maquinaria del contrato municipal para trasladar al vertedero municipal residuos recogidos a clientes de FCC Medio Ambiente, y que esos residuos, que podrían superar las 9.000 toneladas y, según sospechan los inspectores municipales, no han pagado las tasas correspondientes.
Las supuestas irregularidades consisten en el uso de maquinaria del contrato municipal para trasladar basura de clientes de FCC a la planta de tratamiento y que dichos residuos no han pagado las tasas cifradas en 600.000 euros
Así, ha detallado la alcaldesa en rueda de prensa, las investigaciones efectuadas por el Consistorio han permitido conocer que parte de los residuos trasladados a la planta de tratamiento son podas que pudieron estar entrando en el vertedero mientras FCC fue titular del contrato municipal de jardines, mientras otra parte de esos residuos procedería del contrato con el Polígono de Santa Ana de recogida de residuos. El polígono tiene su propio sistema de recogida y contrata con FCC la recogida y gestión de los residuos, pero esos residuos entraban presuntamente en el vertedero en vehículos de Lhicarsa y no pagaban tasas.
Las investigaciones se reflejaron en algunos informes a finales de mayo y que se han traducido en tres decisiones por parte del Gobierno municipal. Así, por un lado, el pasado mes de junio no se aprobaron las cuentas de Lhicarsa por parte de los representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Administración. "No podíamos dar el visto bueno a las cuentas de la empresa sin antes aclarar todas estas circunstancias", ha remarcado la alcaldesa.
Además, se ha abierto un expediente por la Oficina de Gestión Tributaria, para reclamar a la empresa el ingreso de las tasas no abonadas y, finalmente, se ha decidido abrir el expediente por la gestión irregular del contrato de limpieza y recogida de basuras que aprueba hoy la Junta de Gobierno, en base a los informes técnicos y jurídicos derivados de la investigación, y con el fin de dar la oportunidad a la empresa de que aporte información y explique o contradiga las presuntas irregularidades.
Tras la apertura del expediente, se dará audiencia a la empresa y los técnicos municipales comprobarán sus alegaciones. Con toda la información, se emitirán conclusiones y, en base a ellas, el Gobierno municipal tomará las decisiones pertinentes, ha explicado Ana Belén Castejón.
"En caso de que se confirmen incumplimientos de contrato, la medida más extrema sería resolver el contrato, pero hay otras fórmulas, como la intervención de la empresa", ha señalado la alcaldesa.
En concreto, la intervención de la empresa permite que el Ayuntamiento, como titular del servicio, tome las riendas de la empresa de manera temporal hasta que se aclaren los posibles incumplimientos.
"No nos guiamos por una manía hacia ninguna empresa, sino por el rigor en el control de los servicios públicos y el dinero público. Nuestro objetivo es que el dinero que pagan los cartageneros por tener Cartagena limpia se gaste en limpiar Cartagena. Queremos Cartagena limpia y una empresa que cumpla sus obligaciones", añadía.
Según los informes municipales, en noviembre de 2015 la empresa pidió al Ayuntamiento de Cartagena permiso para dar de baja los siete camiones que después de han visto haciendo servicios para otros contratos.
Al menos desde esa fecha, presuntamente, se han podido estar usando de forma irregular, pero solo se ha podido comprobar desde enero de 2016 porque se conservan partes de trabajo desde esa fecha en los que se comprueba que esos vehículos ya no trabajaban en la recogida municipal, pero si entraban con residuos al vertedero.
La empresa, por su parte, ha reconocido que ha usado camiones del Ayuntamiento en otros contratos porque ya avisó en octubre de 2015, fecha en la que el entonces alcalde, José López, era concejal de Infraestructuras, que los quería dar de baja para el servicio al Ayuntamiento
