VALENCIA. El Consell decidió este viernes tomar el control del proceso de venta de algunas de las empresas públicas de su sector empresarial. El acuerdo del Gobierno de Alberto Fabra de crear una comisión a cuyo frente estará el vicepresidente José Císcar, el hombre fuerte del Consell, llega justo después de que esa misma semana se conociera que el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente de la sociedad de pública Aerocas, Carlos Fabra, asegurara que mantiene contactos con un fondo de inversión interesado en quedarse con el fallido aeropuerto de Castellón.

Según las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, el Consell quiere evitar que estas negociaciones, o las que puedan abrirse para otros activos en venta, como la Ciudad de la Luz o la universidad virtual VIU, se produzcan fuera del ámbito del Gobierno valenciano, lo que podría derivar en procesos opacos o en acuerdos previos que no se ajustaran a la legalidad y que pudieran comprometer la posición del Gobierno valenciano. "El objetivo de la comisión será garantizar la transparencia y la legalidad de las operaciones que se puedan cerrar", dijo Císcar tras la reunión del Consell que se celebró en Alicante.

Hasta ahora, las posibles ofertas por las empresas públicas que la Generalitat tiene en venta o por la gestión privada de otras que no se venderán, como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, han ido llegando a la Generalitat por distintas vías y de forma muy deslavazada, lo que por una parte ha impedido que se pudieran formalizar y por otra ha generado una sensación de que las negociaciones se llevaban de forma inconexa por varios miembros del Consell.

"A partir de ahora, cualquier interesado en comprar alguna de estas empresas o de acceder a la privatización de la gestión deberá dirigirse al vicepresidente, que será el único responsable político de estos procesos", explicaron fuentes de la Generalitat.

UNA COMISIÓN CON LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT AL FRENTE

Al margen de evitar esa multiplicidad de interlocutores o intermediarios, como en el caso de Carlos Fabra y el aeropuerto de Castellón, el Consell también quiere garantizar que los posibles acuerdos no tenga irregularidades y se formalicen de forma transparente. Por eso ha creado una comisión formada por los subsecretarios de las consellerias con competencias en las empresas del sector público para que sea la que controle todo el proceso. Al frente de la misma se ha situado a la responsable de la Abogacía de la Generalitat, Cristina Macías, y contará con los subsecretarios de varias de las consellerías implicadas, con Jesús Marí(Presidencia), Eusebio Monzó (Hacienda), Virginia Giménez (Cultura), Rafael Sánchez (Economía) e Ignacio Ventura (Sector Público), como vocales.

Los procesos de venta que tiene abiertos, aunque muy atrasados, la Generalitat afectan fundamentalmente al ya mencionado Aeropuerto de Castellón y a la Ciudad de la Luz. En los dos casos al margen de encontrar un comprador fiable -hasta ahora se ha informado de que hay interesados pero no se han dado más detalles - será necesario resolver los problemas que tienen ambas infraestructuras.

En el caso de los estudios de cine de Alicante hay un conflicto abierto con la empresa Aguamarga, gestora de Ciudad de la Luz, y a la que el Consell trata de apartar por la vía de los tribunales de esa labor, al considerar que ha incluido el contrato, algo que la sociedad niega. Además, Ciudad de la Luz tiene pendiente resolver la sanción de la Comisión Europea de la Competencia que consideró ilegales, y por tanto deben devolverse, las inversiones que realizó la Generalitat para construirla.

En el caso del Aeropuerto de Castellón también será necesario resolver el conflicto que mantienen Aerocas con la exconcesionaria del recinto, que ha llevado a los juzgados a la Generalitat para reclamar una indemnización por la decisión de rescindir el contrato.

GESTIÓN DE CACSA

La comisión también se encargará de ordenar cualquier proceso de externalización de la gestión de otras empresas públicas. El caso más reseñable es el de la Ciudad de las Artes y de las Ciencas para la cual el Gobierno de Alberto Fabra quiere aplicar el modelo de L'Oceanogràfic. En la época de Lola Johnson como consellera de Cultura se aseguró que hay varia empresas interesadas, pero nunca llegó a saberse si se habían producido contactos firmes.