VALENCIA. Reducción del 15 por ciento de los gastos corrientes, que "en ningún caso pueden afectar a las partidas de enseñanza, sanidad, dependencia y política social". Elaborar un catálogo de altos cargos que establezca "la reducción en un 50 por ciento de altos cargos y personal de confianza de la Generalitat". Reestructuración del sector público empresarial para reducir de 130 a 30 las entidades autónomas y fundaciones de la Generalitat. Reforma administrativa del Consell y la reducción a siete consellers y un vicepresidente". Y "un pacto de estabilidad y equilibrio financiero para 10 años que tenga como primer marco presupuestario el del año que viene".

Es obvio que se trata de una iniciativa política partidaria, pero perfectamente válida dentro del juego político convencional. Lo extraño, y desesperanzador, es que no haya servido siquiera como punto de partida para que ni el Consell (hasta cierto punto, lógico), pero sobre todo, las organizaciones empresariales, se hayan atrevido a comentar en un sentido u otro una propuesta dirigida a mejorar el delicado estado de las cuentas públicas autonómicas.

A veces hay motivos para pensar que a los dirigentes empresariales valencianos lo único que les interesa es cobrar sus deudas de la Generalitat y todo lo demás es secundario. Al menos en público.