CARTAGENA. La construcción del nuevo Puesto de Control Fronterizo que iban a realizar las empresas ASCH y SBA ha quedado en suspenso después de que la firma alicantina CHM -la mayor empresa por facturación de su sector en la provincia limítrofe-, reclamase su exclusión del procedimiento. Este recurso ha sido atendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que ha provocado que esta licitación, por la que la Autoridad Portuaria de Cartagena ha insistido en poner en marcha durante los dos últimos años, se vuelva a paralizar. La adjudicación había sido valorada en poco más de seis millones de euros, aunque en este momento todo queda en suspenso a falta de que el propio TACRC resuelva en un sentido o en otro.
Durante la tramitación del procedimiento, y tras la valoración de ofertas evaluables mediante fórmulas, la mesa de contratación de la APC advertía que CHM había perdido "una de las clasificaciones exigidas (a pesar de contar con ella en fase de presentación de ofertas): la clasificación J/5/5, asignándole la Junta Consultiva la clasificación J/5/2, por lo que no llegaba a la categoría exigida en el PCAP J/5/3. Dicha circunstancia fue corroborada por el vocal jurídico en el Registro Oficial de Licitadores".
A raíz de esta situación, la mesa de contratación decide otorgarle trámite de audiencia a la empresa "al objeto de que confirme encontrarse en disposición de la clasificación exigida".
La empresa CHM "evacuó" dicho trámite el 25 de octubre de 2022, "del cual esta mesa entendió la procedencia de su exclusión al no encontrarse en disposición de la clasificación exigida", y no poder "acreditar la integración de clasificación con posterioridad al haber presentado declaración en fase administrativa" por la que confirmaba "no recurrir a capacidades de empresas externas", explicaba en ese momento el documento de la mesa de contratación. En virtud de lo expuesto, el 8 de noviembre de 2022, la empresa CHM fue excluida de la licitación.
En el momento de ser excluida, la firma era la que mejor puntuación había obtenido hasta ese momento, con un total de 87,5 (presenta una oferta de 6.039.112,54 euros), seguida de la que, a la postre, fue la propuesta para su adjudicación, que había obtenido 86,10 puntos y presentó una oferta de 6.09.782,82 euros.
En virtud de lo dispuesto en la solicitada medida dautelar, el TACRC resuelve "la concesión" de la misma "consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada".
La Autoridad Portuaria de Cartagena decidió juntar en un solo edificio los dos puestos de inspección fronteriza (PIF) que estaban en el Muelle de santa Lucía y en el de San Pedro (Sanidad Vegetal). En este nuevo edificio que se pondrá en marcha en breve se unen para desarrollar en el mismo toda la actividad de control de mercancías.
Los organismos que realizarán las actividades de control e inspección de mercancías en el nuevo puesto de control fronterizo (PCF) serán: Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior, Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior) y Aduanas.
Durante su ejecución, seguirá en funcionamiento el actual PIF Santa Lucía para mantener los servicios que ofrece, sin que se vean afectados en ningún momento.
Los Puestos de Control Fronterizos son lugares designados por un estado para la realización de los controles oficiales de los productos procedentes del comercio exterior e interior. Las mercancías que se transportan, antes de abandonar el puerto hacia su destino final, deben ser despachadas por el servicio aduanero.
En el caso de determinados productos, es necesaria, además, la intervención previa de los Servicios de Inspección en Frontera (SIF), organismos de la Administración General del Estado, consistentes en el control e inspección de los productos que se importan y exportan, con el fin de asegurar que reúnen adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y de calidad comercial y seguridad industrial.
Cartagena es un importante punto de exportación de ganado vivo hacia países árabes. Con un incremento superior al 30% respecto a la actividad de años anteriores. La labor de vigilancia permanente que realizan los PIF registró en 2019 un total de 482.079 controles sanitarios en partidas procedentes de otros países, siendo la labor de estos servicios necesaria para evitar riesgos sanitarios en el abastecimiento de mercancías de consumo de primera necesidad y de materias primas imprescindibles para la actividad del sector primario, como son las materias primas para la alimentación animal o para los medicamentos.
Los servicios de inspección sanitaria en frontera son los responsables de controlar que las mercancías que llegan a nuestros puertos y aeropuertos procedentes de terceros países cumplen con todas las garantías necesarias para evitar posibles riesgos sanitarios y fitosanitarios. Están integrados por equipos de inspección especializados en el control de productos destinados al consumo humano para preservar la salud pública, en el control de productos farmacéuticos para garantizar su eficacia, calidad y seguridad, en el control de animales vivos y de productos que puedan afectar a la sanidad animal, y en el control de posibles plagas que puedan afectar a los productos vegetales.
Además de su actuación en controles sanitarios de entrada de mercancías, estos servicios de inspección son los encargados de emitir también los certificados sanitarios necesarios en la exportación de productos agrícolas y ganaderos y productos farmacéuticos, prestando una atención esencial a un sector que tiene un peso destacado en muchas comunidades autónomas.
En base al programa de necesidades y según el pliego de condiciones, se propone la construcción de un edificio que combine los dos usos principales para los que va a estar destinado, por un lado, el propio Puesto de Control Fronterizo, con toda la zona de operaciones y servicios adyacentes, y por otro, la parte administrativa relacionada con el mismo.
Se opta por una construcción industrializada que agilice los plazos y permita en un futuro reutilizar la mayor parte de materiales y sistemas constructivos empleados. Contará con una superficie construida de 3.209,46 metros cuadrados.
El edificio contará con dos alturas que separarán funcionalmente estos dos usos, quedando este aspecto reflejado también en volumen y en materialidad exterior.
Para la comunicación interior entre estas dos áreas principales se proyectan dos núcleos de comunicación. La composición de este edificio se realiza con una planta baja sobreelevada a 1,20 de la cota del suelo que permita la correcta ejecución de los muelles de carga, y una planta primera donde se ubican los departamentos de los servicios.
