CARTAGENA. La reunión mantenida el pasado 26 de julio por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a mandos de la Guardia Civil, donde se abordaron soluciones ante el desalojo de la casa cuartel de Cartagena por riesgo de derrumbe, que afecta a más de 60 familias, ya está dando sus frutos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha ofrecido, a través del Servicio Municipal de Vivienda, unas 25 casas para las familias de los agentes afectadas. A su vez, el parque de seguridad y el colegio Antonio Arévalo ya están acogiendo los servicios que prestaba la Benemérita en Cartagena.
El Ayuntamiento de Cartagena está ejerciendo de intermediario a través del servicio municipal de vivienda entre agencias inmobiliarias, propietarios y los mandos de la Guardia Civil, encargados de establecer prioridades a la hora de realojar a las familias. Son en total 25 las viviendas que se han puesto a disposición. Un ciudadano ha ofrecido incluso vivienda gratis, pagando los alojados los gastos de luz y agua. El Ayuntamiento habilitó un número de teléfono para obtener la información que se ha facilitado a las familias de los agentes.
Se ha ofrecido también a la Guardia Civil las dependencias del Parque de Seguridad, donde tienen su sede Bomberos y Policía Local. Allí la Benemérita está ofreciendo los servicios de la unidad de tráfico y el servicio cinológico. El resto de unidades están siendo ubicadas en el Colegio Antonio Arévalo.
Los concejales del Grupo Municipal de Vox del Ayuntamiento de
Cartagena, Diego Salinas y Beatriz del Álamo, se han trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Cartagena para mostrar su apoyo a los agentes y sus familias, que serán desalojados en los próximos días por el estado de ruina del edificio.
En la rueda de prensa convocada al efecto, Diego Salinas, portavoz de la formación, denunció el desinterés del Ministerio del Interior por unas instalaciones que presentaban síntomas de deterioro hace ya siete años,
como manifiesta la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Durante años se han producido caídas de cornisas y cascotes de balcones, que han obligado incluso al apuntalamiento de voladizos, poniendo en riesgo la vida de las 86 familias que residen en él: “Lo que no logró ETA con las bombas en 1990, destruir el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, lo ha conseguido Marlaska con su desidia”.
Diego Salinas también se refirió al “grave quebranto económico ocasionado por la falta de diligencia del Ministerio del Interior a las familias, que tendrán que asumir un coste de alquiler, en torno a los 800€ mensuales, con el que no contaban, en un entorno de inflación que provocó una pérdida de poder adquisitivo del 5,3% el año pasado”.
También subrayó la discriminación salarial que sufren con respecto a otras fuerzas de seguridad en Cataluña y País Vasco. El portavoz denunció las consecuencias de la falta de diligencia del Ministerio de Marlaska sobre servicios esenciales de la Guardia Civil, “porque las unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana, serán trasladadas al Colegio Arévalo y el Parque de Seguridad, y las obras de acondicionamiento no habían comenzado el viernes pasado”.
Salinas anunció la preparación de una iniciativa para que la corporación de Cartagena presione al Gobierno de España con el fin de solucionar los graves problemas que sufren los guardias y sus familias.
