Aprobado el decreto de simplificación que prevé crear 6.000 puestos de trabajo en la Región

MURCIA (F. V. / Agencias). El Gobierno regional saca adelante en el Parlamento la tercera ley de simplificación administrativa. Lo hace a través de decreto-ley, con lo que la norma (denominada ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública) queda ya convalidada en la Asamblea Regional, en contra del criterio de la mayoría de la oposición, que pedía que se tramitara como proyecto de ley (para que se pudieran debatir sus enmiendas).

El decreto-ley 5/2022 de 20 de octubre ha obtenido el apoyo de 24 diputados (uno más que la mayoría absoluta), ya que ha contado con los votos de los grupos del Gobierno, los 16 del PP y los 4 de los autoproclamados liberales; a los que se añaden los cuatro anteriores miembros del grupo parlamentario Vox, ya extinguido, ahora integrados en el Grupo Mixto: la consejera de Educación, Mábel Campuzano; Juan José Liarte y Francisco Carrera, además de Pascual Salvador (el único reconocido por el partido Vox).

Reducir trámites para atraer empresas

La ley busca reducir los trámites urbanísticos y ambientales para atraer empresas a la Región. También prevé crear unos 6.200 puestos de trabajo en los próximo años y el incremento del PIB regional de un 1,6%. 

Grupos Ecologistas han cuestionado que la norma puede "desproteger el medio ambiente", algo a lo que el Gobierno responde que ha sido consultada y analizada por "más de 200 expertos e instituciones diferentes". Los 17 diputados del PSOE, los dos de Podemos y los otros dos de Ciudadanos han rechazado el decreto.

Dos consejeros del Gobierno han tomado la palabra en la tribuna para explicar las medidas que abarca el decreto: Valle Miguélez, responsable de Empresa, y Luis Alberto Marín, titular de Economía.

La consejera de Empresa adujo que secundar el decreto es "decir sí a las empresas" y defendió que la situación económica "obliga a tomar medidas rápidas y efectivas". El texto consta de 46 artículos y 26 disposiciones y Miguélez puntualizó que la norma está avalada por los informes jurídicos de seis consejerías.

Puso como ejemplo que a partir de ahora no se podrá paralizar un informe para la constitución de una empresa, sino que se da "un plazo de tres meses para que se pueda implantar o no una iniciativa". Con esto "se facilita que vengan empresas de fuera de la Región", manifestó Miguélez. Así, se quiere evitar que la ausencia de un informe "paralice sine die la tramitación", permitiendo además la simultaneidad a la hora de solicitar informes sectoriales, salvo que alguno de ellos tenga carácter preceptivo.

Anuncian un plan de racionalización del gasto

Por su parte, el consejero de Economía aprovechó su intervención para anunciar un plan de racionalización del gasto en los primeros meses del año para mejorar la eficiencia del gasto público. "El primer semestre de cada legislatura se hará un plan de racionalización del gasto que mejore la eficiencia del gasto público, señaló Marín, al tiempo que explicó: "Al final de cada ejercicio se emitirá un informe. El trabajo se realizará coordinadamente mediante una comisión que será la responsable de la implantación y seguimiento. Se trata de asegurar la eficiencia y promover el ahorro y la sostenibilidad". 

Igualmente se implantará una Agencia de Transferencia Digital, con competencias en ciberseguridad, y a la que podrán sumarse los ayuntamientos que lo pidan. "Será un organismo público con personal propio y que asumirá competencias repartidas en distintos departamentos". El ICO se va a rediseñar en cuanto a competencias, agregó el consejero. 

Oposición

Desde el PSOE, Alfonso Martínez Baños criticó que la Ley está "patrocinada y apadrinada" por la patronal empresarial, la Croem, y mantiene el mismo hilo conductor de "depredación" del medio ambiente y "desprotección" urbanística. "No han aprendido nada de lo ocurrido en el Mar Menor", reprendió al tiempo que acusó al Ejecutivo regional de legislar como "el caballo de Atila, que por donde pasaba no crecía la hierba". 

Baños también culpa a la Comunidad de favorecer a las grandes empresas de más de 50 trabajadores "dando privilegios, lo que supone beneficiar al 0,7% del tejido empresarial de la Región, y fomentar la competencia desleal, pues no se pone ningún requisito a las empresas que vengan de fuera". A su juicio, "esto es poner a la zorra a cuidar las gallinas". Lo peor, apostilló, "es la disposición derogatoria única que elimina el Registro del Consejo de Transparencia y su dirección electrónica por la que se daba acceso a los ciudadanos". 

Disparidad en el Grupo Mixto

El Grupo Mixto, recientemente integrado a ocho miembros, se repartió el turno de minutos. Las opiniones estuvieron enfrentadas: si bien los de Vox respaldan el decreto, los de Podemos y Cs discrepan.

Juan José Liarte valoró que es "un decreto largamente esperado, que pone fin a las trabas burocráticas y administrativas, y que elimina trámites innecesarios". Pascual Salvador, por su parte, secundó el decreto pero avisó de que se mostrarán "vigilantes" para que se haga el control de gasto anual que se ha anunciado, así como para que la Agencia de Transferencia Digital no sea un "chiringuito" de colocación.

En cambio, la diputada de Podemos María Marín esgrimió que el Gobierno regional "tras hacer el ridículo el pasado 19 de octubre al tener que retirar en la Ley de Autonomía de Financiera, que era su proyecto estrella, esa misma tarde anunció esta nueva ley para mandar un mensaje a las grandes fortunas de la Región". 

Ironizó: "A las órdenes, mi capital". Y describió el texto como "decreto Frankenstein" al tiempo que leía una carta imaginaria a los Reyes Magos que habría escrito el presidente de Croem, José María Albarracín, pidiendo esta Ley. "Es una broma, pero tan cierto como destructivo" es la norma que "en lugar de simplificar la carga administrativa, lo que genera es una enorme inseguridad jurídica".

Desde Ciudadanos, Ana Martínez Vidal reclamó que el decreto se tramitara como proyecto de ley, ya que se trata de un texto de "gran trascendencia" que modifica 17 leyes, pero no cuenta con informe del "Consejo Jurídico, ni del Consejo Económico y Social (CES), ni se ha consultado a los sectores afectados". No obstante, la propuesta fue rechazada al obtener 23 votos en contra, 19 de favor y 3 abstenciones.

"El polo de atracción empresarial del Mediterráneo"

Por otro lado, los dos grupos que sujetan al Gobierno respaldaron sin fisuras el decreto. Francisco Álvarez, de los autoproclamados liberales, adujo que "frente al panorama poco esperanzador" del Gobierno central, el Ejecutivo murciano apueste por una Región "más sostenible, digitalizada y cohesionada territorial y socialmente". Recalcó también que el texto incluya medidas para "reducir la burocracia, atraer inversiones y crear empresas".

Por último, la diputada del PP Miriam Guardiola manifestó que la tercera ley de Simplificación Administrativa "convertirá a la Región de Murcia en el polo de atracción de inversión empresarial del Mediterráneo", al tiempo que "aumentará el PIB regional en 1,6%, lo que se traduce en 500 millones de euros y más de 6.200 puestos de trabajo"