Albares (centro), antes de intervenir en la rueda de prensa en el Cuartel de Artillería. Foto: MARCIAL GUILLÉN/ EFEMURCIA (Efe). El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado a los representantes de la Unión Europea (UE) que estos jueves y viernes se reúnen en Murcia el debate sobre la introducción de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias, a la que por el momento ningún Estado ha planteado "ningún veto", según sus palabras.
En una rueda de prensa tras la primera sesión de la reunión informal de Asuntos Generales comunitaria, ha subrayado que la propuesta del Gobierno de España de introducir el uso del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas y su régimen multilingüe ocupará "un punto específico" en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas el próximo 24 de octubre.
El objetivo de introducir ese punto en esa jornada es poder "dar respuesta a las preguntas" que formulen al respecto los Estados miembros, pero ninguno de ellos, ni en el encuentro celebrado hoy ni cuando planteó por primera vez esta cuestión en Bruselas el pasado 19 de septiembre, se ha opuesto a esa posibilidad.
"He constatado que ningún Estado miembro ha tomado la palabra para señalar ningún aspecto que le inquiete o lo preocupe ni para obstaculizarlo, de la misma forma el día 19 en Bruselas, donde lo planteé por primera vez, nadie, y hubieran podido hacerlo, planteó ningún veto al respecto", ha dicho a los periodistas.
"El futuro de Europa es también el de su régimen multilingüístico" y "es un compromiso del Gobierno de España avanzar con el catalán, el gallego y el euskera dentro del de la UE".
En su opinión, la cumbre de hoy "ha sido un buen momento para avanzar en esa propuesta", que ha insistido en definir como “un compromiso”, y le ha permitido constatar que “todos los países siguen dispuestos a trabajar y avanzar con España en ese camino”.
Albares ha subrayado "la especificidad casi única de las lenguas cooficiales españolas" que está recogida en nuestra Constitución, se utiliza ya en el Congreso y el Senado y goza "de acuerdos administrativos" en el marco europeo desde hace casi dos décadas, por lo que la voluntad de trabajo en este campo es plena.
