Pleno en la Asamblea Regional. Foto: A. R. M.MURCIA. Tal y como ya viene siendo tradición en los últimos tres años, la Asamblea Regional no descansará en julio. Este mes ha sido históricamente inhábil en el Parlamento autonómico, cuyos diputados 'cortaban' una vez que percibían la llegada del verano. No en vano, julio y agosto son considerados parte del periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, todo cambió en la pasada legislatura.
En 2018, la Mesa de la Cámara ponía fin a aquella costumbre y ordenaba que hubiera actividad en julio. En 2019 fue un año electoral, por lo que julio fue intenso: la Cámara acogió dos debates de investidura -Fernando López Miras necesitó de una segunda votación para ser proclamado presidente-. Y en 2020, el fatídico año de la covid dejó sin excusas que el curso legislativo se alargara. De hecho, en aquel mes se aprobó una de las leyes más importantes de la legislatura, la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que salió adelante con un relevante apoyo parlamentario (PP, CS y PSOE la respaldaron).
La Diputación Permanente -el órgano encargado de regir los periodos extraordinarios de sesiones- se reunió el pasado lunes para establecer como hábil el mes de julio; por lo tanto, la Asamblea tendrá actividad hasta agosto. Habrá plenos, sesiones de control y comisiones. Eso sí, el calendario de actos, al igual que ocurre durante el curso legislativo, se fijará cada semana. Por eso todavía no se sabe qué tratarán exactamente sus señorías en el Hemiciclo. Pero sobre la mesa sí hay un tema principal, que espera que vea la luz de forma inminente: la Ley de Servicios Sociales, planteada conjuntamente por el PP y el grupo Ciudadanos.
Esta norma, que ya fue aprobada por la Comunidad en Consejo de Gobierno, reconoce la protección social como un derecho, lo que significa que las prestaciones sociales podrán ser exigibles ante los tribunales por sus titulares. En concreto, pretende dar "una especial atención a los colectivos más vulnerables, para que nadie se quede sin las ayudas que necesiten para salir adelante", según explica el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Francisco Álvarez. El Ejecutivo cuenta con una mayoría absoluta de facto (la suma de PP y los expulsados de Cs y Vox), por lo que es previsible que vea la luz este verano.
Otras leyes previsiblemente no llegarán a tiempo en julio, pero sí se avanzarán en su desarrollo. Desde el PP señalan que seguirán con los trabajos de la Ley de Mecenazgo. Se trata de una normativa que regula el patrocinio de proyectos culturales, científicos-tecnológicos y deportivo llevados a cabo por artistas, científicos y deportistas murcianos. La nueva norma incluye ayudas fiscales para las entidades privadas que actúen como mecenas. Los populares, además, cuentan a este diario que en julio tienen previsto abordar la convalidación del decreto ley 18 de medioambiente.
En este tórrido mes también habrá momentos para las comparecencias de los consejeros. El responsable de Agua, Antonio Luengo, intervendrán para abordar "los recortes al Trasvase-Tajo Segura". Y la consejera de Empresa, Valle Miguélez, tiene pendiente informar sobre las ayudas otorgadas por el Gobierno regional.
Desde el PSOE, en cambio, lamentan que "sólo se van a tratar los temas que el PP ha propuesto". Según indican fuentes socialistas a Murcia Plaza, "en la reunión de la Diputación Permanente del lunes el PP llevó su propuesta cerrada y no quiso negociar con nosotros la actividad parlamentaria en este periodo". Manifiestan que "esto es la primera vez que ocurre en la historia de la Asamblea Regional" porque, añaden, "normalmente los temas a tratar en estos periodos extraordinarios se pactan".
Desde Podemos quieren presentar uno de sus proyectos estrella: convertir el Mar Menor en un parque natural regional. Su propósito es anunciarlo a finales de la semana que viene, aunque no depende de ellos, ya que el Grupo Mixto no cuenta con los mismos apoyos que el Gobierno. Se trata de una iniciativa impulsada por los colectivos ecologistas para blindar "la protección de este entorno natural único en el mundo y evitar que siga siendo arrasado por especuladores urbanísticos y grandes empresas agroindustriales". Con la declaración de Parque Regional del Mar Menor, explican, se unificaría "la maraña de figuras administrativas de los diferentes enclaves de su entorno y se garantizaría su protección de manera realmente integral".
