El Gobierno aprueba la Ley de 'riders' y creará comisión de expertos para el buen uso de los algoritmos

MURCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de 'riders', por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos" y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues "no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto".

El decreto de los 'riders' aprobado hoy es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

El decreto aprobado hoy contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La ministra considera precisamente que esta medida es la "más ambiciosa" de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden "sesgar" las relaciones laborales. "Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales", ha apuntado.

Comisión de expertos sobre algoritmos

Precisamente, Díaz ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con "tranquilidad", el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España.

"Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos, porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras (...) Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas", ha explicado.

El decreto que regula las condiciones laborales de los repartidores entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, por lo que las empresas tendrán ese plazo para convertir en asalariados a sus repartidores.

La vicepresidenta tercera ha resaltado además que esta norma incorpora cambios en el paradigma social y trata de proteger a las personas más vulnerables y protección social.

Díaz ha subrayado que los cambios tecnológicos son "imparables" y que el Gobierno "no les tiene miedo", pero que debe cuidar y proteger los derechos de las personas.

"Lo que hacemos es gobernar esa transición tecnológica. Todas las empresas hacen uso de inteligencia artificial de una u otra manera. Por eso hay que ser valiente y gobernar esa transición tecnológica", ha resaltado la ministra, que ha agradecido a los agentes sociales que no hayan sentido miedo y hayan mostrado "valentía" al acordar esta norma pionera en Europa.