MURCIA (EP). El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno ha flexibilizado la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus, y que permite la contratación de parados que seguirán cobrando la prestación por desempleo, y de colectivos de inmigrantes.
En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan. En todo caso, el Parlamento tiene la opción de tramitarlos como proyectos de ley, lo que abriría la puerta a modificar su redacción vía enmienda y así dar cabida a aportaciones de los grupos.
Aprobado el pasado 7 de abril, el citado decreto ley recoge medidas urgentes para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, que necesitan entre 75.000 y 80.000 trabajadores, así como el abastecimiento.
Así, permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.
También permite acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Igualmente, pueden acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para incorporarse a estas tareas en el campo.
Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a trabajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cobertura propia.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justificó la aprobación de este decreto ley para asegurar el abastecimiento y evitar un incremento de precios, ante la falta de mano de obra, ya que si no se efectuara la recogida de productos disminuiría la oferta a los mercados, el abastecimiento y afectaría a los precios.
Según especificó el titular de este departamento, Luis Planas, los contratos se efectuarán por escrito, con un salario recogido en el convenio o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a través de transferencia bancaria.
