VALENCIA. La Guardia Civil ha detenido a primera hora de este jueves al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), y al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) por un presunto cobro de mordidas durante la segunda operación policial del conocido como caso Azud, que arrancó hace tres años. En él figura como principal investigado el cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín. Entre los arrestados se encuentran igualmente la hija de Grau, el abogado y director jurídico de Divalterra, José Luis Vera -cuyo despacho en la empresa ha sido registrado- y el empresario Jaime Febrer y otra decena de personas.
A todos ellos se les considera parte de una presunta trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público. Según fuentes de la investigación, Grau habría cobrado 'mordidas' por alrededor de un millón de euros y Rubio por menos de medio millón.
La primera fase de esta operación, que coordina el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, se saldó con la detención de Corbín, que ingresó en prisión en abril de 2019 y posteriormente fue puesto en libertad. El desarrollo de esta segunda incluye hasta 40 registros en diversas capitales aparte de València, como Alicante y Ciudad Real. Tras los arrestos se producirá el traslado a la Comandancia de la Guardia Civil de València.
La causa, que permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Ésta se sigue también contra otros investigados –entre ellos empresarios de la construcción–, la mujer de Corbín y hermana de Barberá, Asución Barberá, y sus tres hijas.
Fuentes de la investigación prevén en torno a otras 15 detenciones dentro de una operación que continúa en marcha y cuyo desarrollo incluirá hasta 40 registros en diversas capitales, entre las que figuran también Alicante y Ciudad Real, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
Además de los contratos, la investigación incluye diversas recalificaciones y reclasificaciones de terrenos de las que el cuñado de Barberá habría cobrado en 'especie'. Varios contratistas le habrían pagado, por un lado, con pisos y, por otro, con la venta de inmuebles muy por debajo de su valor real.
El dinero total que Corbín habría obtenido con este 'negocio' paralelo habría superado los 4 millones de euros. Algo que se habría producido al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del Consistorio.
Grau denunció a Rubio
El ex número dos del Consistorio Valenciano en la época de Rita Barberá, Alfonso Grau, denunció en abril de 2005 al entonces portavoz socialista, Rafael Rubio, por una supuesta intromisión en su honor al revelar que Grau era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras.
La demanda fue desestimada en enero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que absolvió a Rubio del referido delito, y condenó a Grau a abonar las costas procesales.
El entonces primer teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos interpuso esta demanda después de que Rubio revelara que el edil popular era administrador -y propietario en un noventa por ciento, según se reflejó en la sentencia- de la empresa "Edificios Familia SL", dedicada a la promoción inmobiliaria.
En aquel momento, en varios plenos municipales populares y socialistas se acusaron mutuamente de tener intereses urbanísticos en la ciudad.
Tras haber sido denunciado por Alfonso Grau, Rubio defendió la honorabilidad de su adversario político y aseguró que le constaba que esa firma no había actuado en ningún PAI de la capital, sino que era un instrumento para administrar su patrimonio. "No tengo indicios de que haya participado en nada y no estoy acusando a nadie", indicó entonces Rubio.
La magistrada que estudió esta causa consideró que la misma trataba sobre "hechos públicos de relevancia pública, de personajes públicos, siendo la información absolutamente veraz y producida en el foro público político donde es exigible a los representantes electos labores de control y denuncia de la gestión pública".
Concluyó asimismo que las manifestaciones efectuadas por Rubio "no constituyeron intromisión alguna en el honor del demandante, al carecer de contenido difamatorio ni aludir a ningún comportamiento o acción personal que le hiciera desmerecer en la consideración ajena".
La UCO precinta el despacho del director jurídico de Divalterra
El despacho y el ordenador del director del Área Jurídica, Administración y Transparencia de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra -antigua Imelsa-, José Luis Vera, ha sido registrado y precintado en el marco de la operación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción.
Según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Valencia, administración de la que depende Divalterra, dos agentes de la UCO de la Guardia Civil han acudido esta mañana al despacho de Vera y han permanecido en el mismo hasta mediodía, aproximadamente.
La labor de Vera al frente del área jurídica de Divalterra ha sido objeto de una denuncia del PP en relación a la anulación de la contratación de una jefa de recursos humanos en la empresa.
Asimismo, la Agencia Valenciana Antifrauda investiga el cobro supuestamente irregular, por parte de Vera, de miles de euros por un complemento por desplazamiento mientras estuvo de baja.
La empresa pública Divalterra, tanto en la actual época de gestión socialista como en la anterior del PP, ha sido escenario de diferentes procesos judiciales relacionados con la corrupción, todos ellos a la espera de juicio