Impuesto de Patrimonio
Desde Ciudadanos también abordan una reflexión sobre el Impuesto de Patrimonio, que se va a suprimir en Andalucía (así lo adelantó el lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, que detalló que bonificarán al 100% el tributo). Por ahora la Región de Murcia no se ha decidido a seguir el ejemplo de la Junta andaluza, pero sí reconocen que lo están estudiando. Este impuesto afecta a 4.454 contribuyentes murcianos y deja en las arcas regionales una recaudación estimada de 27 millones de euros al año.
Los naranjas exigen que la supresión del Impuesto del Patrimonio que pretende se vincule a la declaración de bienes en el extranjero. "Ahora que Andalucía y Madrid van a suprimir el impuesto de Patrimonio se puede producir una importante fuga de nuestros mayores patrimonios, lo que redundaría directamente en nuestra ya escasa financiación, algo que no podemos permitirnos. López Miras debe reaccionar y no sólo copiar a Moreno", señaló Ros Olivo.
La líder naranja esgrime que la pregunta que debe hacerse es: "¿Cuánto pierde nuestra Región por la movilidad de nuestros contribuyentes con rentas más altas hacia las comunidades que bonifican este tributo, máxime ahora que Andalucía lo va a suprimir?
"Este efecto es ya muy visible en las comunidades autónomas limítrofes con la Comunidad de Madrid, donde el impuesto de Patrimonio está ya suprimido. Aunque es cierto que a primera vista la supresión parecería beneficiar directamente a personas con patrimonios superiores a los 700.000 euros una vez deducidos la vivienda habitual y las empresas o bienes en producción, no lo es menos que si estas personas deciden declarar en otras comunidades autonómicas, y capacidad tienen para ello, se produciría un triple efecto negativo para nuestras ya denostadas arcas públicas".
El primero, en relación con los tributos cedidos que gestionan nuestra comunidad, el segundo, sobre la recaudación del IRPF, una de las bases sobre las que se calculan las transferencias del sistema de financiación autonómico. Y un tercero, son contribuyentes que estando en nuestra Comunidad simulan no estarlo, lo que les lleva a no aportar recursos a nuestro erario público, ya que tributan en otra comunidad, consumen, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales.
Por lo tanto, el retorno de los contribuyentes huidos y sus sinergias fiscales podría perfectamente suponer una cifra que cubra con creces los 25.000.000€ previstos para este año, y necesitamos ese estudio serio antes de plantear la supresión sin más. La medida debería además venir acompañada de otras complementarias, como por ejemplo vincular la supresión de dicho impuesto a la declaración especial para bienes en el extranjero, haciendo aflorar elementos impositivos que hoy están ocultos".